Oct. 2012 -
Brillante documento salido del pasado "Fórum de Asociaciones y Clubs de Cannabis de Cataluña" en el que se marcan las posturas comunes entre los distintos clubes y asociaciones para solicitar una regulación legal en el uso del cánnabis.
Enhorabuena a estos pasos tan esperanzadores en la lucha por los derechos de los usuarios responsables de cánnabis.
DECLARACIÓN DE BELLATERRA
Hace cincuenta años que se declaró la “guerra contra las drogas” y los intereses que decía defender esa declaración no han sido cumplidos. Es más, las políticas de drogas centradas en la prohibición, represión y criminalización del usuario; han multiplicado los problemas relacionados con el consumo, no han reducido las consecuencias indeseables asociadas al uso, y han creado nuevos graves problemas inexistentes antes de que la guerra se iniciara: corrupción política, policial y judicial, comercio en manos del crimen organizado, muertes por el dominio de su control, deforestación y contaminación ambiental por la falta de control de los procesos de producción, y muertes evitables por el consumo de adulterantes o por el desconocimiento de la pureza, entre muchos otros.
En relación al cannabis, a día de hoy y sólo en el Estado español, un 27,3% de la población de entre 15 y 64 han probado el cannabis alguna vez en la vida, un 10,1% lo ha consumido en el último año, el 7,2% el último mes, y el 2% lo hace diariamente. Más de 3 millones de españoles utilizan una vez al mes i más de 633.000 lo hacen diariamente.
Esta realidad no comporta necesariamente un problema de salud pública, ya que no existen evidencias de que estas personas usuarias hagan más uso de los servicios públicos de salud que el resto de la población.
Además, la gran mayoría hace un consumo no problemático. Incluso en población adolescente, no llega al 1% de consumidores que tengan un consumo abusivo, según el Plan Nacional sobre Drogas.
Estos datos muestran como el consumo de cannabis es una realidad normalizada en nuestra sociedad, mientras que, por otro lado, las políticas actuales relacionadas con el cannabis siguen sujetas a inercias anacrónicas. Y estas provocan en las personas usuarias estigmatización, discriminación, penalización y la violación de los derechos de personas adultas con capacidad de decidir por sí mismas.
Puesto que las políticas de drogas no se han ajustado a la realidad social, la sociedad civil nos hemos organizado para dar respuesta a una situación que consideramos ilegítima y para promover la construcción de una alternativa.
Las asociaciones y clubes de cannabis somos:
- Una alternativa al mercado negro y a la economía sumergida que refuerza la cohesión social, la economía pública, dificulta la corrupción y debilita organizaciones mafiosas.
- Un modelo que contribuye a que los recursos públicos no se desperdicien en el sistema policial, judicial y penitenciario cuando no son necesarios y se puedan invertir en prevención, educación e investigación.
- Una realidad extendida y, a su vez y paradójicamente, muy sometida a presión policial e inseguridad jurídica, pese a que los tribunales rechazan reiteradamente las pretensiones condenatorias de la fiscalía, admitiendo que nuestra actividad no sobrepasa el límite de la ley.
- Unos espacios de socialización donde la salud y el bienestar de las personas asociadas son un elemento vertebrador.
- Una propuesta que minimiza los daños sociales y a la salud, y maximiza la seguridad individual y colectiva.
- Una respuesta meditada y constructiva ante una necesidad que la administración pública todavía no ha afrontado con valentía.
Las entidades firmantes de la Declaración de Bellaterra ni delinquimos, ni traficamos. Nos ajustamos estrictamente a los límites que marca el código penal como consumo no ilícito. Y, por lo tanto, exigimos que pare la vulneración de nuestros derechos.
Las entidades firmantes de la Declaración de Bellaterra demandamos una regulación de nuestra actividad y mostramos nuestra disposición a colaborar activamente en este proceso.
También hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas que quieran formar parte de esta transición a trabajar conjuntamente para hacer un salto cualitativo en el marco de las políticas de drogas.
Es nuestro ánimo conseguir una mejora social que priorice el respeto, la autonomía, y no las actitudes represivas y punitivas con unos altos costes económicos y sociales.
