La iniciativa en México fue presentada el mismo día que en Uruguay diputados del oficialismo introdujeron una nueva versión de proyecto de ley para permitir la producción y venta de marihuana en esa nación sudamericana.
Con algunos Estados del vecino de arriba legalizando el consumo recreativo de marihuana, México se acerca de puntillas al debate de la despenalización. No desde el Gobierno –el presidente Enrique Peña Nieto se opone de forma clara, en armonía con la postura de Barack Obama-, pero sí desde la izquierda, que en la progresista capital mexicana es la fuerza mayoritaria.
El PRD elabora un borrador para la despenalización en el Distrito Federal, que gobierna y donde rigen políticas progresistas en materia de matrimonio gay o aborto. El partido plantea para la capital una propuesta de consumo medicinal, pero también la liberalización de la posesión y, en definitiva, perfilar una legislación local que, sin contravenir la de México, pueda "generar espacios seguros" para el consumidor.
"Es complicado, la ley federal es muy estricta", reconoce Vidal Llerenas, diputado perredista en la Asamblea del DF.
El modelo para la capital, explica Llerenas, sería Colorado, que también lidia con una restrictiva ley general en Estados Unidos. Este Estado aprobó el pasado 28 de mayo la regulación de la venta, la producción y los impuestos sobre la marihuana recreativa.
Permite el cultivo de un máximo de seis plantas en hogares para uso personal y la compra de hasta 28 gramos en establecimientos autorizados.
México permite actualmente la posesión de 5 gramos por persona.
"La cantidad no es que sea legal pero no tiene sanción penal", precisa Jorge Hernández, del Colectivo para una política Integral hacia las drogas (Cupidh).
La primera contradicción: "En México la marihuana que tiene calidad de cultivo profesional se vende normalmente por onzas (25 gramos). Las cantidades menores se venden en algunos lugares digamos sofisticados, que comercian con marihuana de muy buena calidad y muy cara", explica.
Así que para un fumador es más fácil hacerse con una cantidad superior a la tolerada por la ley. Las incautaciones entre los 5 gramos y los 5 kg se dirigen desde hace tres años directamente a los tribunales locales, en lugar de la autoridad federal. El criterio para quienes son pillados con menos de 5 kg varía: "Hay gente que llega a la cárcel con una onza y otros que pueden librarla con 2 kg", explica Hernández.
Casi la mitad de los sentenciados en México por delitos contra la salud están relacionados con la marihuana, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Cuatro de cada diez están en la cárcel por transacciones menores a 100.000 pesos.
A partir de 5 kg se habla de mayoreo y narcotráfico, y las únicas autoridades competentes son las federales.
"Antes los agentes recibían 5.000 pesos por poner a un poseedor ante ministerios públicos federales. El incentivo se eliminó y las detenciones han comenzado a bajar", asegura.
Otro problema es que la legislación tampoco incluye otros derivados del cannabis, como el hachís, apunta Hernández.
La marihuana mueve en el DF unos 28 millones de dólares anuales y los consumidores (la mayoría, hombres jóvenes) están en torno a los 75.000, según el estudio de Cupidh. El experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope calcula que el consumo de droga en todo México alcanza los 2.000 millones de dólares anuales, y el de la capital ronda los 200 millones, aunque estima que el volumen de negocio del DF es de unos 100 millones al año.
El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que la marihuana es la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo, con un mercado mundial minorista de 141.000 millones de dólares anuales.
El PRD capitalino pretende presentar la iniciativa a la Asamblea en septiembre, aunque todavía está perfilando la propuesta.
A nivel federal, el diputado Fernando Belaunzarán (PRD) ha presentado ante la mesa directiva de la Cámara una regulación de la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de cannabis, y un sistema de recaudación de impuestos que los invertiría en un programa nacional de prevención de adicciones. La Cámara redirigirá la propuesta a tres comisiones (Salud, Justicia y Hacienda) para que emitan su dictamen y a otra (Presupuesto) para que dé su opinión.
Antes, Belaunzarán participa en la organización de un foro internacional, que todavía no tiene fecha, para reunir propuestas y opiniones.
