La
Marcha Mundial de la Marihuana se realiza desde 1996, en mayo de cada año, de
forma simultánea y autónoma en ciudades de todo el mundo. El objetivo es
realizar un reclamo en conjunto que evidencie la cantidad de personas que
exigen normalizar la situación legal de la planta de cannabis y terminar con la
criminalización, estigmatización y persecución de sus usuarios y cultivadores,
teniendo en cuenta las particularidades propias de cada país.
Este año se celebró la decimosexta cita
en Madrid, como parte de la Global Marijuana March que convoco durante el mes
de mayo movilizaciones en más de 300 ciudades de todo el mundo.
Desde la Asociación Madrileña de
Estudios sobre el Cannabis (AMEC), la Federación de Asociaciones Cannábicas
(FAC), y la Coalición Europea por una Política de Drogas más Justa y Eficaz
(ENCOD) se
impulsó y doy visibilidad al evento, que cada
año cuenta con una mayor participación ciudadana.
Este año la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid se utilizó el mismo lema
que el año pasado; “Cultiva tus derechos”,
centrando el mensaje en tres temas esenciales:
1.- La modificación de Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana. Durante el año 2010 (último Anuario Estadístico del
Ministerio del Interior publicado) se han practicado 319.474 denuncias por tenencia y/o consumo de drogas.
Si comparamos los datos de España con el de algunos países europeos (todos de los que disponemos datos, que son
los 16 siguientes: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Polonia,
Portugal, Rep. Checa, Suecia, Finlandia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta,
Eslovenia y Bulgaria) podemos comprobar que mientras que en estos países
las sanciones por consumo o posesión para consumo en el periodo 2004-2009 han aumentado un modesto 2,4% (de 488.900 a 500.630), en nuestro país han
aumentado en ese mismo periodo un 234.3% (de
150.193 a 351.927, un 247,8% según los datos del OEDT 2011), es decir, 100
veces más. De esta manera, si en 2004 las sanciones por consumo impuestas en
España representaban el 23,5% del total de estos países europeos, en 2009 este
porcentaje se ha incrementado hasta el 42,6%, es decir, podemos afirmar que de cada 3 sanciones por consumo que se imponen
en toda Europa, una ha sido impuesta en España.
De todo este exceso represivo que padecemos los ciudadanos españoles, los
consumidores de cannabis salimos especialmente perjudicados. De las 319.474
denuncias impuestas en el año 2010, el 85% están relacionadas con cannabis,
porcentaje solo superior en Francia (87,9%
en 2009), mientras que en países como Alemania (59,4%) o Italia (61,3%)
estas proporciones son sustancialmente menores, y no se trata tampoco de casos
excepcionales, ya que la media europea (excluyendo
a España) es del 57,9%. Además, la evolución histórica de este dato en nuestro país es muy
negativa, ya que en 2001 el porcentaje de sanciones relacionadas con cannabis
era del 62% y hemos pasado en 9 años al 85%.
También es especialmente descorazonador comprobar como los esfuerzos represivos
de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se centran cada vez más en
perseguir al consumidor (sanción
administrativa) en detrimento de la lucha contra el narcotráfico (delito penal). Del total de
intervenciones relacionadas con las drogas realizadas en España en 2010, un
94,7% estaban relacionadas con el consumo o tenencia para consumo, y sólo el
5,3% restante estaba relacionado con el tráfico de drogas, mientras que esta
proporción en los países europeos es (año 2009) del 68% para consumo y 32% para
tráfico.
2.- Denunciar las actuaciones desproporcionadas que realizan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en aplicación del artículo 368 del Código
Penal a pesar de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala
que el cultivo de las plantas de cannabis sativa cuando tiene por objeto el propio consumo no es punible. En este sentido se celebró la aprobación en el Parlamento
Vasco de una comisión que tiene como fin la primera regulación sobre los autocultivo
colectivos y unas recomendaciones para regular los autocultivos personales.
3.- Advertir de las graves consecuencias sociales y económicas que la actual
política sobre drogas basada en la prohibición y plasmada en la llamada
“guerra contra la droga” está generando, especialmente en aquellos países con
un sistema democrático más vulnerable. Se propone estudiar otras vías
alternativas a aquellas basadas en una utópica abstinencia, como el modelo de
Clubs Sociales de Cannabis (CSC). Se revindica, que las políticas sobre el Cannabis la defensa de los derechos de las personas usuarias y de los pequeños
productores, la sostenibilidad ecológica y el beneficio social, deben
predominar sobre los intereses económicos particulares. El derecho a la salud,
al libre
desarrollo de la
personalidad, a la información y a la seguridad alimentaria son valores
preponderantes frente a un hipotético derecho a enriquecerse gracias a la
planta.
