El proyecto de ley se aprobó en junio y ahora debe ser analizado y sancionado en el parlamento. El Ejecutivo del exguerrillero tupamaro no solo pretende legalizar esta droga. También quiere que el Estado se quede con el monopolio de su comercialización, lo que le permitiría controlar el negocio y, de paso, hacer caja.
Si esta iniciativa saliera adelante, Uruguay se convertiría en un país pionero que podría cargar de razón a los teóricos que defienden la legalización de las drogas, entre los que ya no solo hay exmandatarios.
En abril, en la VI Cumbre de las Américas, se sumaron los presidentes en activo de Colombia, Guatemala y Costa Rica. Sus argumentos los ha utilizado ahora el ministro del Interior uruguayo Eduardo Bononi: hace más daño la delincuencia vinculada al mercado negro de la marihuana que su consumo.
Es una apuesta arriesgada, pero hay muchos detalles ya más que perfilados, como ha informado Le Monde. Se quieren habilitar 150 hectáreas de plantaciones para cubrir la demanda y adjudicar la gestión a una empresa privada, bajo estricto control estatal. Las pocas experiencias anteriores aconsejan prudencia.
Así que, para no convertir Uruguay en centro sudamericano de peregrinación de la droga , el Gobierno de Mujica quiere imponer restricciones similares a las que se acaban de implantar en los coffeeshops. No se podrá despachar marihuana a los no uruguayos y estos solo podrán adquirir 30 gramos por persona y año.
Si la experiencia da resultado, Uruguay podría estar señalando el camino a países vecinos que se desangran por el narcotráfico y ni siquiera obtienen beneficio económico de lo que producen. El mercado del cánnabis en Uruguay mueve, según el Gobierno, 58 millones de euros al año. Las cifras de los demás son más tentadoras.
